Mario CASTELLANOS ALCAZAR.
El Gobierno del Estado de Oaxaca no se cansa en manifestar que no hay vacío de poder, tampoco ingobernabilidad, que vamos bien, y hay plena seguridad, incluso, que esta entidad es una de los diez Estados más seguros a nivel nacional.
Parece haber incongruencia en lo que se dice- y la realidad que prevalece en entidad oaxaqueña, no es una de las más seguras- y dista mucho de lo que se dice- y lo que se hace; la violencia e inseguridad es inaudita, no se detienen- y cierto, parece haber vacío de poder y con un paso a la ingobernabilidad, pues no estamos tan bien como se dice viento en popa.
Por cierto, que en Oaxaca hay severa crisis social, política y económica- y todo se agudizará en el proceso electoral, que ya se inició y culmina con la elección del nuevo gobernador de esta entidad, que será el 5 de junio del año 2022.
Los problemas que derivan del rezago histórico, que incluyen pobreza, marginación, violencia y mala administración pública del gobierno van en aumento antes y después del proceso electoral ante la falta de interacción institucional y porque el Ejecutivo del Estado se está quedando solo.
Precisamente la atención está en el proceso electoral, que incluye la lucha interna entre los partidos políticos y la elección de los candidatos a la gubernatura del Estado, pero esto deriva más violencia porque despierta el interés y la ambición del poder entre los protagonistas, grupos sociales y políticos. Y todo se politiza.
Habrá menos capacidad política y administrativa de las instituciones y funcionarios públicos, incluso, del gobierno estatal, tal como ya lo estamos viendo en cuando menos una veintena de comunidades con serios conflictos sociales que desencadenan violencia, sin la atención eficaz de las autoridades estatales.
Uno de los casos álgidos y que el gobierno ignora es el suscitado en Atlatlahuaca, región de la mixteca en donde un grupo armado atacó a las agencias de Nodoyono, Guerrero Grande y Mier y Terán con un saldo de 7 muertos con nombres y apellidos según la denuncia del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas A.C.
Con pelos y señales el dirigente de esta Asociación Civil, Maurilio Santiago Reyes, en un comunicado, denunció al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca, Heliodoro Díaz Azcárraga, de minimizar el ataque armado a estas comunidades, al grado de manifestar que no hay personas muertas y que tampoco existe un grupo armado.
Maurilio Santiago delata que un grupo armado amaga a las comunidades desde el 21 de octubre del presente año, que hay un centenar de casas incendiadas, 25 familias fueron desplazadas al municipio de Tlaxiaco en donde están resguardadas y 11 desaparecidos.
Sin embargo, Díaz Azcárraga, dice que no hay muertos, que solo hay 2 o 3 casas incendiadas, que esto le corresponde investigar a la Fiscalía General de Justicia. El caso es que no se sabe la versión oficial en el número de muertos, ni la misma Secretaría General del Gobierno está enterada de esta situación.
El Secretario General del Gobierno del Estado, Francisco García López, en una entrevista radiofónica manifestó que no tiene las cifras exactas del número de muertes, ni de las casas incendiadas, ni de los desplazados, argumentando que estas investigaciones le corresponden a la Fiscalía General de Justicia.
Además, reconoció que hay otros problemas latentes que amenazan con violencia, incluso ya la hubo, en los casos de San Juan Mazatlán Mixes, la Sierra Sur de Oaxaca, en el caso de los desplazados de Tierra Blanca, región de los triquis- y no vamos muy lejos, en el caso de los comerciantes ambulantes en la ciudad capital, que ya llegó a la violencia y cuantiosos daños a terceros.
Asimismo, García López, “dice que son problemas cuya solución es de los municipios en conflicto- y que no es cuestión del Gobierno del Estado, sin embargo, trata de mediar la situación con mesas de trabajo y diálogo, pero los conflictos siguen, además se agudizan porque no hay seguimiento de las minutas firmadas”.
Todo queda en los buenos deseos del gobierno estatal en espera de la voluntad socorrida de las partes en pugna mientras la violencia se recrudece en la entidad- y puede ser peor en el proceso electoral porque despierta sentimientos de odio y revanchismo, sin que haya una estructura sólida institucional para atender los rezagos históricos del Estado.
El ejemplo más claro es lo que sucede en Atlatlahuaca, en donde nadie supo, nadie sabe, la complicación de la violencia, ni cuantas muertes, ni cuantos desaparecidos, ni cuantos desplazados. La autoridad anda naufragando.
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